El proyecto de ley omnibus enfrenta desafíos en su camino: las presiones que impulsan modificaciones en el controvertido plan de Milei.

Un controvertido “proyecto de ley ómnibus” propuesto por el gobierno argentino ha comenzado a sufrir varios cambios en la cámara baja del parlamento, a pesar de la advertencia del presidente Javier Maile de que el proyecto de ley debería aprobarse sin una aprobación especial, en medio de insultos de los parlamentarios. corrección.
A finales de diciembre, Meili publicó la Ley de Fundamentos y Principios de las Libertades Argentinas, denominada “Ley Ómnibus” por su extensión, compuesta por 664 artículos, que cambiaría completamente la actuación de Argentina. Un país conocido hasta ahora. El proyecto comenzó con la implementación del Decreto de Necesidad y Emergencia (DNU), que consta de 366 artículos para regular plenamente la economía del país sudamericano, como parte del enfoque “liberal” que quiere introducir el presidente. Aún no ha sido debatido en el Congreso, pero ha sido impugnado en varias decisiones judiciales. Además, el presidente anunció la semana pasada la “ley de mayoría” revisada por el Comité de Presupuesto y Finanzas de la Asamblea Nacional, el Comité Constitucional y el Comité de Supervisión Legislativa.
A la audiencia asistió el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, para defender la ley. Interior, Guillermo Francos; Seguridad, Patricia Bullich; Ministro de Energía, Eduardo Rodríguez. Sin embargo, su participación estuvo marcada por la tensión, al no poder responder satisfactoriamente a las dudas parlamentarias, admitiendo que no conocían el texto completo y no participaron en su redacción.
Mientras tanto, representantes de todos los sectores afectados acudieron ante los parlamentarios para oponerse a la ley. Entre ellos se incluyen sindicatos, activistas de derechos humanos, inquilinos, feministas, cineastas, escritores, músicos, microempresarios, actores y actrices, científicos, ambientalistas, bibliotecarios de salud pública y convencionales, académicos y enólogos, productores de lácteos y algodón.
Las protestas contra el proyecto se repitieron en las calles. ataque
El proceso implicará negociaciones porque el partido de Mailey, La Libertad Avanza, es minoría en el parlamento y la aprobación de la iniciativa requeriría votos de otros partidos. Pero en lugar de buscar acuerdos, el presidente se dedicó a insultar a sus diputados, a quienes llamó “coimeros”, “corruptos” e “idiotas útiles” que no apoyan sus proyectos.
Además, Miley, junto al DNU, sostuvo que la “ley ómnibus” debe aprobarse tal como fue enviada, pues es la “única alternativa” que puede evitar la “decadencia” del país y el “flagelo de la ley bíblica”. el tamaño. A pesar de sus afirmaciones, varios ministros han confirmado que un cambio fundamental es la única manera de hacer avanzar la iniciativa en el parlamento.
Por ejemplo, declarar el estado de emergencia en los ámbitos económico, financiero, fiscal, pensiones, seguridad, defensa, aduanero, energético, sanitario, administrativo y social hasta el 31 de diciembre de 2025 fue uno de los temas controvertidos. Incluye una opción para una extensión adicional de dos años a mitad del mandato de Mayley, que se aplicaría a todo su gobierno. En este artículo, el presidente propuso, bajo la apariencia de un estado de emergencia, un “mandato legislativo” que ignoraría por completo al Congreso, gobernaría efectivamente por decreto y legislaría en todas las áreas antes mencionadas.
El Ministro de Energía, Eduardo Rodríguez Cirillo, hablando en una comisión que revisa la “ley ómnibus”, prometió acortar el período del “estado de emergencia” a un año, pero los partidos de la oposición dicen que los cambios son insuficientes. ocupado
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo en otra reunión que retiraría una polémica cláusula que prohíbe reuniones públicas de más de tres personas sin permiso previo de las autoridades y que generó polémica por su tono represivo. Hasta la última dictadura militar (1976-1983).
El ministro del Interior, Guillermo Francos, cree que no hay acuerdo sobre las reformas políticas propuestas en el borrador, que eliminarían las elecciones primarias, introducirían el voto único en papel y reorganizarían la distribución de los distritos electorales. Algunos de estos puntos se pueden “arreglar”. Anteriormente, debido a demandas de la industria pesquera, el gobierno retiró disposiciones que pusieron fin a la zona económica exclusiva en el Mar Argentino y permitieron a grandes corporaciones, incluidas extranjeras, desarrollar recursos naturales.
Lo mismo ocurrió con los biocombustibles, ya que la “ley ómnibus” desreguló el sector, permitió la participación de nuevas empresas y eliminó las cuotas de producción y los precios del Departamento de Energía que el gobierno ya había rechazado. Esto se debe a la afirmación del gobernador local de que los cambios propuestos en el mercado afectarán sus ingresos. El papel del gobernador fue fundamental, ya que logró que el gobierno abandonara las propuestas para desregular las industrias minera, azucarera y vitivinícola.
Apresúrate
A pesar del sentido de urgencia del gobierno, las transferencias hasta el momento no son suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de ley general. El presidente de la Cámara, Martín Menem, admitió que “haría todo lo posible para firmar el dictamen esta semana”, explicando que en caso contrario respetaría el tiempo necesario para llegar a un acuerdo.
Al comentar sobre los cambios propuestos, los parlamentarios progubernamentales dijeron que estaban “mejorando” el documento original y que eventualmente aceptarían un “borrador superior”. También reconoció que planea presentar una recomendación el viernes para que el comité pueda votar el proyecto de ley este fin de semana.
El objetivo era evitar que un debate parlamentario tuviera lugar simultáneamente con una huelga nacional contra el gobierno de Millay convocada por la Confederación del Trabajo (CGT), que se esperaba que fuera de gran escala. Sin embargo, las conversaciones se suspendieron tras las críticas de un grupo de diputados de Sívica Radical y Encuentro Respublikano Federal (peronista) que son “opositores a la alianza” pero quieren que el gobierno garantice más cambios a la iniciativa. , sumando sus voces, por ejemplo, en cuestiones de pensiones.
En cambio, la Unión por la Patria (peronistas) y el Frente de Izquierda y Trabajadores eran los bloques más importantes para el proyecto y ya se esperaba que votaran en contra.