La disputa por el control de la ruta de la cocaína: ¿Involucramiento de los cárteles mexicanos en actividades catalogadas como “terrorismo” en Ecuador?

Ecuador representa un territorio estratégico para los grupos criminales organizados. Este pequeño país sudamericano ofrece una ruta alternativa a Colombia y Perú para los envíos de cocaína. Además, la ruta por Ecuador es mucho más segura para los grupos narcotraficantes mexicanos que operan de forma transnacional, como el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación.
área estratégica
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ecuador tiene actualmente la tercera mayor incautación de cocaína en el mundo. En julio de 2023, la oficina informó que en los últimos dos años se habían incautado más de 450 millones de toneladas.
Pero a pesar de las incautaciones, cada año se contrabandean entre 700 y 800 toneladas de cocaína a Estados Unidos desde Ecuador. Y la Unión Europea.
Este enorme volumen de contrabando se debe en gran medida al hecho de que los cárteles mexicanos han adoptado una variedad de métodos de transporte que les permiten evadir el control de las autoridades. Una forma es esconder las drogas en grandes contenedores que contengan bienes legales, una práctica llamada “enganche ciego”.
En este contexto, cabe señalar que Ecuador es hoy el principal exportador mundial de banano. Por ejemplo, los grupos del crimen organizado esconden drogas en contenedores que contienen esta fruta y luego las envían desde el puerto de Guayaquil.
En esta operación fue muy importante la alianza entre Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Las organizaciones criminales mexicanas no pueden transportar drogas desde Ecuador sin el apoyo de organizaciones criminales capacitadas que operen localmente.
Estos cárteles compiten por el control del territorio, formando alianzas con pandillas que ayudan a asegurar el flujo de drogas y recibiendo a cambio grandes recompensas por armas y servicios. Estos cárteles lucharon por el control de la región y se aliaron con pandillas en Ecuador. Garantizan el flujo de drogas y a cambio reciben armas y enormes dividendos.
Los Tiguerones, Los Lagartos y Los Lobos están acusados ​​de estar vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación, mientras que Los Choneros, una de las organizaciones criminales más antiguas de Sudamérica, está vinculado al cartel de Sinaloa. . Algunos de estos grupos también han sido acusados ​​de violencia política. En agosto pasado, el líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Salazar (apodado “Pito”), fue acusado de asesinar a uno de los candidatos presidenciales, Fernando Villavicencio. Por otro lado, en algunos casos estas bandas prefieren recibir armas, drogas, etc. que dinero a cambio de cárteles, lo que hace que la competencia por la hegemonía en el mercado minorista sea más intensa.
El actual conflicto entre pandillas locales ha creado una atmósfera de inestabilidad y violencia sin precedentes en Ecuador, que hace cinco años era uno de los países más seguros de América Latina. La tasa de criminalidad en 2019 fue de 6,7 por cada 100.000 habitantes, y el país sudamericano registró el año pasado 7.200 muertes violentas, alcanzando un máximo histórico de 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Teniendo en cuenta estos datos, Ecuador se ha convertido efectivamente en un “campo de batalla”, según expertos consultados por RT. Esto demuestra que el Estado no ha cumplido con una de sus principales obligaciones: garantizar la seguridad de sus ciudadanos. “Culiacanazo” aterriza en Sudamérica
La ola de malestar y violencia que enfrenta Ecuador está directamente relacionada con el aumento de la actividad de los grupos criminales organizados, especialmente los cárteles mexicanos.
La presencia del cartel de Sinaloa en Ecuador se registra desde 2003. Esta organización criminal ha extendido su influencia en varias regiones de Sudamérica, como Sucumbíos, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Guayas y Santa Elena.
El grupo se volvió más prominente en Ecuador después del arresto en 2009 del exjefe de inteligencia militar Telmo Remigio Castro, según un informe policial. Según los documentos, fue Remigio Castro quien se alió con el cartel de Sinaloa para facilitar el transporte de cocaína desde Colombia a Centroamérica y México.
Unos años más tarde, el cartel Jalisco Nueva Generación invade Ecuador y se alía con pandillas locales, aumentando exponencialmente el conflicto en la región. “Hay pandillas que controlan el narcotráfico y trabajan para los cárteles mexicanos. No creo que sea una comunidad. Es una extensión de las actividades del cartel mexicano. “Esto está sucediendo no sólo en Ecuador, sino también en países como Perú”, afirmó el experto.
Yuri Rodríguez Castro, investigador especializado en criminología y seguridad nacional, explica en entrevista que el modus operandi de los cárteles mexicanos acabó “exportándose” a otros países de la región. “Hay pandillas que controlan el narcotráfico y trabajan para los cárteles mexicanos. No creo que sea una comunidad. Es una extensión de las actividades del cartel mexicano. “Esto está sucediendo no sólo en Ecuador, sino también en países como Perú”, afirmó el experto.
Respecto a la ola de disturbios y violencia registrada en enero de este año, Rodríguez Castro considera que fue una demostración de fuerza muy bien expresada que de igual manera ocurrió en México. “Ecuador tuvo ‘culiacanazo'”, dice.
El problema es que el experto recuerda que “hubo una explosión de actividad” apenas se supo hace un año la noticia de la detención de uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, máximo líder del cártel de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. . Estos incluyen tiroteos, incendios de automóviles, tomas de aeropuertos y amenazas a los medios de comunicación. Washington sugiere profundización (y su intervención).
Debido a la garantía de la estabilidad continental, el gobierno de los Estados Unidos ha propuesto extender su contrato con pares Engagador para prevenir la seguridad y la violencia. Entre las medidas disuasorias de Washington, cabe recordar que en febrero de 2022, el Departamento del Tesoro sancionó a dos narcotraficantes, Wilder Emilio Sánchez Farfán y Miguel Ángel Valdés Ruiz, en relación con la importación de cocaína desde Ecuador.
Sánchez Farfán, un ciudadano ecuatoriano que intentó importar cocaína por tierra desde el sur de Colombia a Ecuador, llamó la atención porque Washington lo consideraba el mayor narcotraficante del mundo. Según Hacienda, una de las misiones asignadas a Sánchez Farfán en territorio mexicano era transportar mercancías desde Ecuador a los puertos de Manzanillo y Ensenada para el cartel de Sinaloa.
Sánchez Farfán envió aún más comisionados a México para negociar con miembros del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban interesados ​​en asegurar un flujo continuo de cocaína. “El tráfico de drogas representa una grave amenaza para el pueblo estadounidense, la seguridad internacional y el sistema financiero”, dijo Brian E. Nelson, entonces subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. Ahora, la administración de Joe Biden, encabezada por Daniel Noboa, ha propuesto fortalecer aún más la asociación de seguridad y defensa que fue restaurada bajo el ex presidente conservador Guillermo Lasso.
Autorizar bases militares en Ecuador requeriría primero una enmienda constitucional. El artículo 5 de la Constitución de Montecristi de 2008 declara al Ecuador “zona de paz”. Por tanto, no se permite la transferencia de instalaciones o bases militares a fuerzas militares o de seguridad extranjeras. La intención es ampliar el alcance del memorando de entendimiento firmado en septiembre de 2021 para fortalecer la estrategia bilateral contra el narcotráfico para calmar al país.
Entre las propuestas de Washington se encuentran delinear programas de entrenamiento, compartir información, proporcionar equipos y eventualmente desplegar tropas en suelo ecuatoriano. Como parte de esta estrategia, el Comando Sur de Estados Unidos no descarta reactivar Manta como base militar, que funcionó hasta 2009, cuando el entonces presidente Rafael Correa la cerró. En su momento, Correa criticó tal acuerdo, aprobado bajo el gobierno de Jamil Mauad en 1999, como una amenaza a la soberanía nacional al permitir el libre movimiento de tropas estadounidenses.
Actualmente, la aprobación de un proyecto de este tipo requiere primero una enmienda constitucional, ya que el artículo 5 de la Constitución de Montecristi de 2008 define a Ecuador como una “zona de paz”. Se permite el acceso a fuerzas militares o de seguridad extranjeras. Mientras tanto, durante la administración de Lasso se firmaron tres acuerdos de ayuda militar que, de ser aprobados por el presidente Novoa, allanaron el camino para que Estados Unidos recibiera inmunidad y autoridad para tomar decisiones. El primero es la Carta de las Fuerzas Armadas. El segundo se refiere a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. En tercer lugar, ayuda a retener el aire.
Este acuerdo, que no requiere la anuencia de la Asamblea Nacional tras el fallo favorable del Tribunal Constitucional, viola las disposiciones que permiten a la fiscalía realizar investigaciones e informes. Si el primer y segundo acuerdo son ratificados por la administración, los civiles, contratistas y personal militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos ya no serán inmunes a la acción del fiscal general de Ecuador. Es el único país donde existe competencia para determinar las condiciones de movilidad en su territorio. Finalmente, si se implementa el tercer acuerdo, Ecuador permitirá que el Ministerio de Defensa utilice todo su espectro inalámbrico de forma gratuita, a pesar de que su constitución exige que al menos el 50% de los ingresos generados en Ecuador se atribuyan a los espectadores.