Liberan a ‘El Moncho / R1’, operador del CJNG en el Bajío, pese a historial criminal; AMLO vuelve a señalar a jueces y magistrados

En medio de nuevas críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el actuar del Poder Judicial, salió a la luz la liberación de Ramón N., conocido como el Moncho o R1, identificado por autoridades federales como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

El delincuente fue puesto en libertad de manera sorpresiva el 19 de noviembre durante la madrugada, lo que funcionarios del gobierno federal calificaron como un “sabadazo”. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó del caso en la conferencia matutina, donde presentó el informe Cero Impunidad y lamentó que, pese al historial criminal de R1, una jueza determinara dejarlo en libertad.

Mejía detalló que el imputado enfrentaba acusaciones por delincuencia organizada con fines de delitos contra la salud y contaba con al menos cinco antecedentes penales, entre ellos secuestro, narcotráfico y participación en la quema de vehículos registrada en Guadalajara y Colima en 2012, hechos por los que fue detenido junto con sus hermanos.

Según el subsecretario, la jueza del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco dictó sentencia absolutoria y notificó al juez segundo de distrito en Sonora para ordenar su liberación. Con este fallo, añadió, se repite un patrón en el que distintos jueces han absuelto a R1 en cada uno de los procesos que enfrentó.

El funcionario aseguró que la liberación ocurrió debido al desvanecimiento de pruebas, la falta de comparecencia de testigos y la ausencia de elementos que, a juicio de la jueza, acreditaran plenamente su responsabilidad. Esto permitió que el acusado fuera librando cada proceso hasta quedar en total impunidad.

Durante la conferencia, López Obrador retomó el caso para reiterar su postura crítica hacia jueces y magistrados que, en sus palabras, liberan a presuntos criminales mediante resoluciones cuestionables, algo que ha denunciado en múltiples ocasiones como parte de un problema estructural del Poder Judicial.

Mejía Berdeja adelantó que el gobierno interpondrá una denuncia penal por delitos contra la administración de justicia y también presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por el actuar de la jueza involucrada.