Polémica, papeles ‘ocultos’ y una verdad pendiente: México a nueve años del caso Ayotzinapa

Todavía es posible resultar herido. México vivió un cambio radical tras la desaparición de 43 estudiantes de escuelas regulares de Ayotzinapa el 25 y 26 de septiembre de 2014. Esto se debió a la complicidad del gobierno con agentes del crimen organizado.

El uso del aparato del Estado para ocultar los hechos ocurridos en el estado mexicano de Guerrero y crear una “verdad histórica” ​​ha dado paso a una nueva investigación no exenta de polémica. Esta “verdad histórica” fue descartada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde julio de 2020.

Nueve años después, familiares de los normalistas acusan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de ocultar información que les habría permitido conocer el paradero de los estudiantes durante la infame Noche de Iguala y establecer de manera concluyente quién era responsable de qué y a qué nivel.

¿Qué quieren los padres de los normalistas?
Las cartas escritas entre abril y octubre de 2014 por el Centro Regional de Capacitación en Inteligencia (CRFI) de la Región Central, organización que entonces tenía su sede en Iguala, fueron solicitadas específicamente por los padres.

Por estos motivos, el miércoles pasado durante un encuentro presencial en Palacio Nacional, los familiares de las 43 víctimas entregaron a López Obrador hojas del CRCI con marcas rojas y exigieron la apertura total de los archivos del Ejército, donde se encuentran las versiones completas. Muchos de los documentos se conservan, según Tlachinollan, un grupo de derechos humanos que apoya a los padres de las víctimas.

También exigieron una transcripción completa de las interceptaciones telefónicas de Guerreros Unidos de la noche del 26 de septiembre de 2014, durante las cuales se alega que 17 de los 43 estudiantes fueron trasladados con vida a Los Lobos Gap, un lugar dentro del estado de Guerrero.

Tanto la comisión gubernamental que investiga el caso como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos descubrieron evidencia de que esta documentación existe y está siendo ocultada intencionalmente por el Ejército, aparentemente para encubrir a los involucrados. Derechos (CIDH).

Dos informes del seguimiento que la CRFI realizó al centro de comunicaciones de la organización criminal Guerreros Unidos los días 27 y 28 de septiembre de 2014, son adjuntos por la comisión del Gobierno de México en su informe y contienen información pertinente al caso.

Por su parte, el GIEI fue aún más específico en su sexto y último informe al señalar las respuestas de la Sedena, que según las investigaciones no reflejaban la realidad de lo ocurrido sino que eran un intento intencional de obstruir la justicia.

Los expertos mencionaron, entre otras aparentes mentiras, la negación de la CRFI de su propia existencia, así como su negativa a reconocer que sus funcionarios realizaron escuchas telefónicas y escuchas telefónicas y que luego procesaron los datos. En ambos casos existe prueba documental, incluido el testimonio de un testigo protegido.

la postura del gobierno.
Aunque López Obrador se comprometió durante su campaña a agotar todas las vías de investigación para determinar qué pasó con los normalistas y quiénes fueron los culpables de su desaparición forzada, la realidad es que su administración no ha podido cumplir con ese compromiso de ninguna manera. lleno.

El presidente se ha reunido en múltiples ocasiones con los padres de los 43 jóvenes, ordenó la apertura de los expedientes y manifestó públicamente que la Sedena ha brindado toda la información relevante sobre el caso. Sin embargo, los familiares de los desaparecidos afirman que no hay documentación suficiente y que el Ejecutivo está blindando al Ejército.

López Obrador se comprometió a darles a los familiares “toda la información que tengamos” sobre el caso el pasado miércoles, un día antes de la reunión.

Para ellos es crucial el conocimiento de las gestiones que se realizan para localizar a los jóvenes de Ayotzinapa. Nos comprometimos a hacerlo. Y, por supuesto, castigar a los responsables”, afirmó durante su rueda de prensa matutina.

El mandatario reiteró que el Ejército “entregó todo” a pedido suyo cuando los medios lo cuestionaron sobre las acusaciones hechas por los familiares de los 43 estudiantes normales. “.

Además, llamó a recordar que durante su sexenio, más de 120 personas –incluidos dos generales, 20 militares y el ex fiscal general de México, Jesús Murillo Karam– que de alguna manera estuvieron relacionados con la desaparición de los 43 normalistas fueron procesados.

No hay respuesta de ellos.
Aunque López Obrador había prometido entregar el lunes de esta semana a los padres de los normalistas “un expediente” con toda la información del caso, Vidufo Rosales, abogado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, dijo a la prensa que las familias de los estudiantes normales decidir si querían o no continuar la conversación porque creían que el gobierno no había respondido a su solicitud después de la reunión.

Rosales afirma que los padres de los 43 recibieron una carta de López Obrador y un informe del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, durante la reunión con los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y Alejandro Encinas, que Se celebró la tarde del lunes 25.

La información que solicitaron específicamente los padres, que se refiere a los documentos con números de folio y dónde se encuentran, no es abordada por el secretario de Defensa ni por el presidente, según Rosales, quien habló con la prensa local. No están respondiendo a nuestra solicitud, continuó.

Rosales agregó que uno de los últimos informes presentados por las autoridades “criminaliza” a los estudiantes y se acerca más a la “verdad histórica”, que es la conclusión del caso presentado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. (2012-2018), que afirmó que algunos policías municipales habrían secuestrado a los normalistas y los entregaron a delincuentes de la banda Guerreros Unidos, quienes luego los asesinaron y quemaron los cuerpos en el basurero de Cocula.

Según Rosales, “el Capitán (José) Martínez Crespo es el único militar al que se le responsabiliza; fuera de eso, no hay ningún otro militar con responsabilidad” en el nuevo expediente que detalla el desarrollo del caso.

Mientras tanto, familiares y amigos de los normalistas continuaron este lunes con su plantón, al finalizar el tercer día, en el recinto del Centro Nacional de Inteligencia de la Ciudad de México (antes CISEN), para reiterar sus demandas.

Además, Rosales enfatizó este lunes durante el foro “A nueve años del caso Ayotzinapa, ¿qué sigue?”. presentado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que no estaba “promocionando, interrogando o queriendo denigrar la imagen del Ejército”. “.

El Palacio Nacional, sede del Ejecutivo Federal y otros edificios emblemáticos han sido “blindados” con vallas metálicas para protegerlos de posibles incidentes, a raíz de una importante marcha de los 43 normalistas prevista para este martes en Ciudad de México.