¿Qué esperar de las negociaciones de paz con el ELN? ¿Hay una desescalada de la violencia?: Habla el senador colombiano Iván Cepeda

En Colombia, organizaciones no gubernamentales que hacen un registro permanente de la violencia en el país dieron a conocer recientemente una información que parecía improbable meses atrás: en septiembre hubo una disminución de las muertes de líderes sociales en el país.

Entre junio y agosto de este año, el promedio de líderes asesinados fue de 15, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras que en septiembre la cifra se ubicó en 10. 

Aunque un solo mes no puede tomarse como referencia para marcar una tendencia, el senador colombiano Iván Cepeda explicó a RT cuáles serían las razones para este descenso de la cifra.

Cepeda forma parte de la delegación del Gobierno colombiano que viajó a Caracas para suscribir un acuerdo de reinicio de las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El senador por el Pacto Histórico, con una dilatada trayectoria en la defensa de los derechos humanos, también analizó los elementos centrales de la propuesta gubernamental de la paz total.

RT: ¿A qué atribuye la disminución de los asesinatos de líderes sociales?

I.C.: Dos organizaciones han señalado el asunto. Indepaz, que hace un seguimiento muy escrupuloso de cada uno de los asesinatos contra líderes sociales y firmantes del Acuerdo de paz y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (Cerac), que se dedica exclusivamente a llevar estadísticas de violencia en los territorios. 

Ambas coinciden en que ha habido un descenso y yo diría que puede atribuirse al hecho de que se han conjugado dos estrategias del Gobierno: una de ellas es la creación de puestos de mando unificados por la vida, en los 65 municipios que presentan los mayores índices de violencia.

Y creo que más importante que lo anterior es que el llamado al alto al fuego multilateral está surtiendo efecto. Eso hemos podido corroborarlo porque el comisionado de Paz dijo que hay diez grupos que han anunciado que se acogen esa iniciativa.

En algunas partes ya tenemos esa evidencia, como en la ciudad de Medellín. De allí hay crónicas periodísticas que relatan que se está viviendo en las comunas una situación que no se había visto en años, probablemente desde la época anterior a Pablo Escobar.

RT: ¿Se puede hablar de una tendencia tomando solo cifras de septiembre? ¿No habría que esperar un trimestre, por ejemplo?

I.C.: Por supuesto, pero en esto hay que estar viendo si se va por el camino correcto o equivocado; y lo que nos muestra este primer resultado, sin hacernos grandes ilusiones, es que estamos en una senda que puede ser la correcta. Obviamente, el problema al que estamos enfrentados es de una alta complejidad.

La política del anterior Gobierno logró, echándole gasolina al incendio, reproducir los conflictos. Tenemos en algunas regiones del país, para decirlo con cifras, enfrentamientos entre trece grupos. Controlar eso es una tarea enorme, no es fácil hacer una verificación de un alto al fuego multilateral, pero también hay que decir que hay una experiencia acumulada de las organizaciones sociales, de la Iglesia.

RT: ¿Esta disminución tiene una relación directa con la propuesta de paz total?

I.C.: Sí, la paz total tiene tiene varios componentes: humanitario, de diálogos, de sometimiento a la justicia y hay otro que tiene que ver con cambios y transformaciones sociales que giran, en buena parte, en torno a la implementación del Acuerdo de paz de 2016. 

Entre ellos, lo ha reiterado el presidente, está la reforma rural, que en los próximos días va a tener un desarrollo significativo.

“Mientras que en la política de seguridad nacional lo esencial es garantizar la seguridad del Estado e infligir el mayor daño posible a grupos armados; en la política de seguridad humana el resultado se mide garantizando la vida”

Hay otro factor importante que es una nueva concepción de seguridad por parte de la Fuerza Pública. Y aquí sí ha habido un cambio de paradigma. El ministro de Defensa ha señalado que de la doctrina de seguridad nacional se ha pasado a una doctrina de seguridad humana. Parece un juego de palabras pero es en realidad un cambio de enfoque y perspectiva. 

Mientras que en la política de seguridad nacional lo esencial es garantizar la seguridad del Estado e infligir el mayor daño posible a grupos armados; en la política de seguridad humana el resultado no se mide por las bajas al enemigo, que ha llevado en otras oportunidades a dinámicas como los ‘falsos positivos’, sino por garantizar la vida.

Lo fundamental que se exige es que el Ejército, la Policía y las autoridades civiles encargadas de la protección de las comunidades muestren resultados. Es decir, el número no es de bajas, es de vidas salvadas.

Por eso, el ministro de Defensa y el presidente han tomado medidas muy concretas y han señalado que se prohíbe toda acción que pueda involucrar a menores de edad, si se conoce previamente que hay presencia de ellos.

También está la medida de excluir de los territorios donde la violencia es más alta a los patrulleros de la Policía, que son jóvenes inexpertos, y que son puestos a veces como “carne de cañón”.

RT: ¿Hay también un cambio de paradigma con respecto a respuesta militar vs. diálogo frente a los grupos armados?

I.C.: La base de la política de paz total son las transformaciones sociales. Los diálogos y las negociaciones son componentes fundamentales pero aquí lo que necesitamos es desplegar la acción de la reforma rural. Eso es más lento.

Ya lo ha dicho el presidente, una vez que hemos comprobado que por la vía de la restitución de las tierras, de la captura de tierras a organizaciones criminales y de donaciones no se ha podido lograr esta reforma rural, que inicialmente plantea que se distribuyan tres millones de hectáreas a campesinos pobres, entonces lo que se abre como posibilidad es la compra de tierras.

Eso ya plantea un gran debate porque el cálculo que ha hecho el Gobierno es de entre 30 y 60 billones de pesos [entre 6.000 y 13.000 millones de dólares ], lo que implicaría, si se emprende esa compra, abrir el marco fiscal.

Aquí viene una discusión muy fuerte con las concepciones ortodoxas y neoliberales que plantean que sería prácticamente un suicidio emprender ese camino, cuando es lo que han hecho todos los países en el mundo: ante la pandemia han tenido que flexibilizar el marco fiscal, es decir, aumentar el gasto, el endeudamiento, lo que se hace sin ningún problema en el Estado colombiano.

Si se tratara de comprar armas, de invertir en gastos suntuosos, seguramente esto no suscitaría mayor discusión pero ya vemos venir ese debate porque en los próximos días va a haber anuncios muy significativos del Gobierno en esa materia.

Además, no solo basta entregar una tierra sino hacer proyectos productivos, que garanticen que en el futuro, de manera sostenible, habrá una posibilidad de vida para campesinos que hoy están dedicados al cultivo de la coca.

RT: ¿Habrá más actores armados en las conversaciones?

I.C.: Está claramente establecido que hay organizaciones que tienen móviles políticos, que lo han hecho público. Tenemos una discusión sobre una de ellas, que son las llamadas disidencias de las FARC, que nunca entraron al proceso que se desarrolló en La Habana, pero que es evidente que han tenido origen en una organización que siempre pregonó su carácter político. No son el mismo tipo de organización pero provienen de ahí.

El Gobierno también es de la idea de desarrollar un proceso de diálogo con un grupo que se rearmó luego de que se firmó el Acuerdo.

RT: ¿Y con el Clan del Golfo?

I.C.: Hay una situación claramente distinta que ha girado fundamentalmente en torno a las rentas de economías ilícitas, concretamente del narcotráfico y de la minería ilegal.

“El Estado tiene que hacer presencia en esos territorios y garantizarles a las comunidades el acceso a los servicios, a las vías de comunicación y las posibilidades de desarrollar proyectos económicos en el campo de lo lícito”

No se conoce un programa político de esta organización y, en todo caso, ya en otros gobiernos se intentó un proceso de un sometimiento a la Justicia. Ahora, que eso sea así, no excluye que el Estado tenga que hacer una presencia social en los territorios donde está esa organización, porque ejerce efectivamente un control en los territorios y ha reemplazado el Estado.

Así que el Estado, no por una negociación, sino por un deber constitucional tiene que hacer presencia en esos territorios y garantizarles a las comunidades el acceso a los servicios, a las vías de comunicación y las posibilidades de desarrollar proyectos económicos en el campo de lo lícito.

RT: ¿Qué atractivo tendría para esa organización abandonar las rentas ilícitas?

I.C.: Esa es una pregunta válida pero la pregunta que le haría a esa pregunta es otra. Indepaz ha dicho que hay veinte grupos que han anunciado que desean acogerse a la paz total y la pregunta es: ¿por qué tantos desean hacerlo? Y tal vez la respuesta es que se ha llegado a tal nivel de violencia y de enfrentamiento entre ellos que ya no resulta rentable. 

Además, agregaría el factor adicional de que el problema del narcotráfico se ha complejizado en estos años, porque ya no es solamente el enfrentamiento de determinadas redes locales por los negocios ilícitos sino que comienzan a hacer presencia, cada vez de una manera más significativa, redes del narcotráfico transnacional y comienza eso a convertirse en un factor de poder muy serio. 

Ya no es un enfrentamiento entre bandas o redes locales, aquí hay un poder transnacional que comienza a generar otras reglas del juego.

RT: Ante el lento avance de los acuerdos de paz con las FARC, ¿cómo apostar que está vez con el ELN será más rápido?

I.C.: Cumpliendo. La única manera de demostrarle al ELN que si firma con este Gobierno hay un compromiso, son los hechos, y este Gobierno ya tiene planes muy concretos, así cueste.