¿Se puede parar el “exterminio”? Las demandas urgentes (y las propuestas de Petro) para los indígenas de Colombia

Las imágenes de indígenas en sus resguardos haciendo filas para votar por Gustavo Petro en la segunda vuelta electoral impactaron a los colombianos y abrieron el debate sobre cuáles serían las razones para que esas comunidades olvidadas, que han sufrido los embates de la violencia y del abandono estatal, mantuvieran el interés en la participación política a través del sufragio.

Si bien la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) expresaron su respaldo al líder del Pacto Histórico, sorprendió la amplia movilización electoral en los pueblos originarios, que quedó registrada en videos y fotos que circularon en las redes.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=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&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1539646339260497921&lang=es&origin=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F436035-demandas-urgentes-propuestas-petro-indigenas-colombia&sessionId=a15b37a3b3394fa2e8de45b1081ad1773efe5119&siteScreenName=ActualidadRT&theme=light&widgetsVersion=6da0b7085cc99%3A1658260301864&width=550px

Para hacerse escuchar, los integrantes de esas comunidades llegaron a Bogotá, en 2020, con la intención de reunirse con el presidente Iván Duque, que no los atendió, y hasta Jamundí (Valle del Cauca), en 2021, durante las protestas antigubernamentales. En esa oportunidad fueron atacados por civiles armados que hirieron de bala a 10 personas que formaban parte de la llamada minga indígena.

Las peticiones de aquellas voces eran las mismas que se han repetido por décadas: garantías de seguridad del Estado; cumplimiento de los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la restitución de las tierras que les han sido arrebatadas.

Una larga historia de despojos

Los pueblos indígenas que coexisten en Colombia han sido los más golpeados por el conflicto armado. La violencia ha dejado su profunda huella en la vida y cotidianidad de estas comunidades ubicadas en zonas rurales de difícil acceso.

Tras la firma del Acuerdo de paz, en 2016, si bien más de 13.000 guerrilleros se reincorporaron a la vida civil, el resto de los actores armados comenzaron a tomar los espacios dejados por las FARC y a reconfigurarse, entre enfrentamientos y operativos de los cuerpos de seguridad.

En medio de las disputas a sangre y fuego por el control territorial, de los recursos naturales y minerales, se encuentran los integrantes de los pueblos originarios. En los últimos años, distintas organizaciones de defensa de sus derechos han denunciado que han sido víctimas de un “exterminio“ que se traduce en desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento de menores, asesinato de sus líderes y autoridades.

La arremetida de grupos narcoparamilitares y disidencias ha llegado incluso a los resguardos indígenas, lo que compromete la autonomía territorial y la preservación de los espacios naturales. Además, las corporaciones y grandes transnacionales que buscan realizar sus actividades de explotación de los recursos minerales y forestales se suman a la amenaza.

No solo la violencia golpea a los pueblos originarios colombianos, también lo hacen la pobreza y la desigualdad. El 42,7 % de la población indígena se encuentra en pobreza multidimensional en el país, mientras que en los centros poblados y rurales dispersos la cifra alcanza el 51,1 %, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En esta mezcla de pobreza, ausencia estatal y violencia, los departamentos más afectados son los del Cauca, Nariño, La Guajira, Chocó, Cesar, Antioquia, Córdoba y Putumayo, donde el mayor impacto lo han sentido los pueblos Nasa, Emberá catio, Awá, Kanku-amo y Wayuu, según el Observatorio Memoria y Conflicto.

Violencia en cifras

En Colombia hay 115 pueblos indígenas con una población total de 1.905.617 personas, según datos del DANE en 2018. Esta cifra corresponde al 4,4 % de la población del país.

Los cuatro más numerosos son los Wayuu, Zenú, Nasa y Pastos, que aglutinan al 58,1% de la población originaria de esa nación.

Un informe de la ONIC en 2021 arrojó que hubo 19.930 víctimas de hechos violatorios a los derechos humanos en pueblos indígenas en Colombia. Este número casi corresponde al 1% de esa minoría étnica de todo el país.

Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó ese mismo año, en el contexto de los asesinatos de líderes sociales, excombatientes y civiles que participaron en las protestas antigubernamentales, que 2021 volvió a ser “muy violento” en Colombia.

Según la alta comisionada, Michelle Bachelet, el segmento de la población que sufrió un mayor impacto de estas acciones fueron los pueblos indígenas y los afrodescendientes.

Los departamentos más afectados por los homicidios y masacres son los de la región del Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

En cuanto a este año, el Observatorio de Derechos Humanos de los Indígenas de la ONIC registró, en el primer trimestre, 173 hechos victimizantes, con 11.833 indígenas, de 28 comunidades, afectados.

Tanto en el informe de la ONIC como en los continuos llamados que hacen distintas organizaciones sociales, se denuncia que hay una “crisis humanitaria” en esas comunidades “que pone en riesgo y amenaza la vida, la integridad, la autonomía, la identidad cultural y el territorio”.

Se alerta también sobre las condiciones nutricionales ya precarias, que son empeoradas por los confinamientos ordenados por los grupos armados, lo que impide que los habitantes de las comunidades puedan salir a realizar sus actividades ancestrales de caza, pesca y recolección de alimentos.

Las regiones y sus principales problemas

En la costa Pacífica (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) viven 752.584 indígenas, según cifras del DANE, entre los que se encuentran los Nasa, Pastos y Emberá. Esta región ha sido una de las más afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, recoge el documento elaborado por la ONIC.

En cuanto a la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Cesar, Córdoba y Sucre), además de los grupos ilegales y armados, existen sectores políticos y económicos que han cometido acciones de violencia para favorecer sus intereses, lo que ha causado el asesinato de líderes ambientales y sociales y el desplazamiento. En esta área viven 818.650 indígenas de los pueblos Arhuaco, Wayuu, Wiwa, Yukpa y Zenú, entre otros.

En la región Amazónica (Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo y Vaupés) hay 168.572 personas de los pueblos Tikuna, Cubeo, Inga, Muruí, Curripaco, Puinave, Yagua, Koreguaje, Cocama y Piapoco. Aquí operan grupos armados, cuerpos de seguridad del Estado, ganaderos y empresarios, que son responsables de asesinatos, desplazamientos forzados, amenazas y confinamientos.

En la región de la Orinoquía (Arauca, Casanare, Meta y Vichada) conviven 78.572 indígenas de los pueblos Achagua, Saliva y Sikuani. Los miembros de las comunidades han sido amenazados, extorsionados, desplazados, confinados y despojados de sus tierras.

En la región Centro-Oriente (Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander) hay 87.239 miembros de los pueblos Pijao, Muisca, U’Wa y otros. En esa región hay vulneraciones continuas de los derechos humanos por la explotación de minerales y la acción de los grupos armados.

Décadas de conflicto armado 

Entre los años 1958 y 2019, según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica, hubo 5.011 víctimas del conflicto armado que pertenecían a las comunidades originarias. De esa cifras, 2.300 fueron víctimas de asesinato selectivo.

En esas décadas de violencia, hubo 736 homicidios de líderes y autoridades indígenas ligadas al trabajo comunitario. “La vulneración a la integridad política y organizativa de los pueblos indígenas durante el conflicto armado es uno de los daños más graves evidenciados”, dice el Observatorio.

Los mayores hechos de violencia se presentaron entre el año 2000 y 2012 en los mandatos del expresidente Álvaro Uribe. En este periodo se instauró la política de Seguridad Democrática, que consagró la guerra contra la insurgencia, y que tuvo mayor impacto en las áreas alejadas de los centros urbanos, donde había resguardos y territorios autónomos indígenas, y donde también se detectaron casos de ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales de población civil presentadas como guerrilleros muertos en combate.

¿Qué propone Petro para los pueblos indígenas?

En su programa de gobierno, el presidente electo se refiere a la paz como “un nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente, en particular de las víctimas”.

En el texto, que contempla los pilares de su Administración, se compromete a proteger la vida, los derechos humanos y los acuerdos internacionales en la materia, una función fundamental que el Estado no ha podido garantizar totalmente.

El nuevo ocupante de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, plantea reconocer la labor de las guardias campesinas, cimarronas e indígenas y garantizar que las comunidades originarias puedan ser autónomas, permanecer en sus territorios y gobernarse por sus leyes. Otro punto donde el gobierno saliente ha fallado, según las denuncias reiteradas de distintas organizaciones.

Su promesa más ambiciosa es acabar con los asesinatos de líderes sociales con el “nuevo modelo de afrontamiento del narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación en Colombia”. Precisamente este tema se encuentra entre los que más preocupa a los defensores de los derechos de estas poblaciones ante el incremento sostenido de los hechos de sangre.

Entre las iniciativas que impactarán en estas comunidades está el acuerdo sobre reforma rural integral, cuya base es la “democratización de la tierra“, a través de medidas como el Fondo de Tierras, la jurisdicción agraria y planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural.

En su programa, el entrante presidente establece como otra meta de gran magnitud, que su país deje de ser una de las sociedades más desiguales del mundo.

El tema ambiental también atraviesa diametralmente la vida de los pueblos indígenas. Por ello, el líder del Pacto Histórico propone que sean ellos lo que aprueben las licencias en esa área y que se establezca un pacto nacional de protección de la Amazonía, la Orinoquía y el corredor biogeográfico del Pacífico, que son los más lesionados por el conflicto armado.