Detenidos y denuncias internacionales: la crisis persiste una semana después de la represión en Argentina

Subtítulo: Familias y organismos de derechos humanos luchan contra el gobierno de Javier Milei por la liberación de manifestantes detenidos

Una semana después de la brutal represión policial contra una protesta en Argentina, cinco de las 33 personas detenidas aún permanecen en prisión, mientras se multiplican las denuncias a nivel nacional e internacional contra el Gobierno del presidente Javier Milei.

La noche del martes, 11 detenidos fueron liberados tras dictarse la falta de mérito, sumándose a los 17 que ya habían salido el pasado viernes. Sin embargo, familiares y organizaciones de derechos humanos siguen luchando por la liberación de Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez, los cinco manifestantes que aún no han sido excarcelados.

El 12 de junio, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos, golpes y detenciones arbitrarias a quienes protestaban frente al Congreso contra la Ley Bases, un proyecto clave para Milei, que en ese momento se debatía en el Senado.

Para justificar la represión, el presidente, su gabinete y periodistas oficialistas calificaron a los manifestantes de “terroristas” que intentaban cometer “un golpe de Estado”, una acusación infundada ya que no promovieron el derrocamiento de Milei ni tienen el apoyo necesario para ello. Entre los detenidos había estudiantes universitarios, docentes, un músico y vendedores ambulantes que no participaban en la protesta.

Causas de la represión

La represión ha dominado la agenda política de Argentina durante toda la semana. Diversos colectivos denuncian que el Gobierno busca intimidar a la población para disuadir futuras protestas, amenazando con repetidas agresiones policiales y detenciones.

Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos en Argentina, con una solidez organizativa forjada durante la última dictadura militar (1976-1983), no se han dejado intimidar y han actuado desde el primer momento. Estas organizaciones han realizado marchas, comunicados, activismo en redes sociales y estrategias legales tanto para liberar a los detenidos como para denunciar a las autoridades.

La Comisión Provincial por la Memoria, por ejemplo, ha iniciado una causa penal para investigar la actuación de la Policía Federal, mientras que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ha denunciado la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El objetivo político del Gobierno es infundir miedo a cualquiera que se movilice para protestar”, aseguró el CELS en una carta, alertando sobre las violaciones a los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación, opinión y expresión.

La CIDH ha convocado a una audiencia especial para el próximo 11 de julio, donde el Gobierno argentino deberá explicar el estado de la protesta social y la libertad de expresión en los últimos seis meses, es decir, desde que asumió Milei.

Criminalización de la protesta

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, ha anunciado que denunciarán el caso ante el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de Naciones Unidas.

“Vemos varios problemas, empezando por la criminalización de la protesta en términos más amplios, y también por el nivel de abuso llevado a cabo por las fuerzas de seguridad, las imputaciones sin fundamentos, genéricas, la prisión preventiva. Hay serias implicaciones para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la justicia y el debido proceso”, explicó en una entrevista con la radio Futurock.

Además, los diputados del bloque opositor peronista, Unión por la Patria, han denunciado ante los tribunales argentinos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Esto evidencia que hay un plan represivo que tiene como finalidad establecer un régimen de excepción en contra de las garantías constitucionales”, acusó el jefe de la bancada, Germán Martínez, quien recordó que los policías también agredieron a los diputados que participaron en la manifestación y fueron gaseados directamente en la cara.

Milei, por su parte, volvió a defender la represión.

“No son presos políticos, son delincuentes que estaban cometiendo delitos […], el que las hace, las paga, y por eso tienen que estar todos detenidos”, insistió en una entrevista televisiva, a pesar de que en ese momento se liberaban otras 11 personas por falta de pruebas.